Por CARLOS SALCEDO
Reforma esperada
La promulgación reciente del nuevo Código Penal por el presidente Luis Abinader marca, sin duda, una línea divisoria en la historia jurídica dominicana. Luego de 141 años rigiéndonos por un texto tan antiguo, el país necesitaba una reforma profunda, no sólo para adecuar la tipificación penal a los desafíos del presente, sino también para lograr mayor eficacia en la persecución del delito, enfrentar la impunidad estructural y garantizar el respeto a los derechos fundamentales.
Sin embargo, la modernización normativa que se celebra, si bien debemos reconocer los avances logrados, está lejos de ofrecer un instrumento jurídico plenamente coherente, democrático y garantista.
Desde hace más de una década he sostenido, tanto en columnas como en entrevistas públicas, que el país no podía seguir criminalizando el presente con un Código Penal del siglo XIX. El marco legal anterior resultaba inoperante ante fenómenos como el sicariato, la criminalidad tecnológica, la violencia de género, la corrupción administrativa compleja, la agresión sexual intrafamiliar o la discriminación y el odio por razones de orientación sexual o identidad de género. La incorporación de más de 70 nuevas figuras delictivas ciertamente representa un avance necesario, pero no suficiente.
Problemas que presenta el nuevo código
El problema no era solo técnico: el viejo Código Penal arrastraba una visión autoritaria y punitivista que chocaba con los valores constitucionales reflejados en la Constitución de 2010 y con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Reformarlo era una exigencia democrática, pero también una oportunidad para construir un orden jurídico más justo, igualitario y respetuoso de la dignidad humana. Esa oportunidad, lamentablemente, ha sido parcialmente desperdiciada.
El texto promulgado por el Ejecutivo mantiene profundas debilidades estructurales. Su principal déficit es la exclusión expresa de las causales del aborto, a pesar de que más del 70 % de la población, según diversas encuestas, favorece al menos su despenalización en casos de riesgo vital para la mujer, inviabilidad fetal o embarazo por violación o incesto.
Penalizar a los médicos, enfermeras o víctimas en esas circunstancias no solo es una crueldad jurídica, sino una traición al principio de dignidad humana consagrado en el artículo 38 de nuestra Constitución. No hay modernización posible si el derecho penal se sigue utilizando para someter moralmente a las mujeres.
Otra de las falencias que he denunciado reiteradamente es la definición restrictiva del feminicidio. El nuevo código lo tipifica, pero con criterios tan limitados que muchas muertes violentas de mujeres no encajan en el tipo penal, con la consecuente impunidad que ello genera.
Además, se disuelve la especificidad de la violencia de género al equipararla con cualquier situación de “relación sentimental”, desdibujando así su raíz estructural. Este tipo de lenguaje jurídico sólo reproduce los sesgos que el Estado está obligado a combatir.
Desde una perspectiva académica, es preocupante también la forma en que el nuevo código estructura la prescripción de los delitos sexuales. En lugar de avanzar hacia su imprescriptibilidad -como reclaman los estándares internacionales en materia de protección a la niñez y las víctimas de violencia sexual, aunque tengo mis reservas al respecto, debido a que la Constitución permite la ampliación del plazo de prescripción, no así la imprescriptibilidad-, se mantienen plazos rígidos que perpetúan la impunidad.
Igualmente, la exclusión de la orientación sexual e identidad de género como categorías protegidas en los delitos de odio muestra una desconexión lamentable con el principio de igualdad ante la ley.
En el plano institucional, hemos advertido con preocupación que el nuevo código exime de responsabilidad penal a entidades como el Estado, los ayuntamientos, los partidos políticos y las iglesias, entre otras entidades, trasladando toda la carga punitiva exclusivamente sobre individuos.