POR VICTOR GARRIDO
Imagine por un momento a la República Dominicana como una empresa con 11 millones de accionistas. Su junta directiva está compuesta por 242 empleados — 222 legisladores nacionales más 20 diputados al Parlamento Centroamericano (PARLACEN)— que reciben salarios de élite, privilegios de realeza y beneficios imposibles de justificar en un país de recursos limitados.
Pero en lugar de generar valor, esta junta consume desproporcionadamente el capital y devuelve, a cambio, un producto magro: leyes de bajo impacto, opacidad financiera y desconfianza ciudadana.
El Congreso Nacional es, en esencia, un gigante costoso con productividad mínima. Sus funciones son claras en la Constitución: legislar y fiscalizar. Sin embargo, se ha convertido en una maquinaria que administra fondos públicos de forma discrecional —“barrilito”, “cofrecito”, partidas de “Día de las Madres”, “Reyes” o “Habichuelas con dulce”— que no corresponden a su rol. La filantropía con dinero ajeno no es filantropía: es clientelismo político.
Costos
Los números hablan solos. Un senador devenga RD$320,000 mensuales, un diputado RD$175,000 más incentivos, y ambos disfrutan seguros médicos de lujo que cuestan RD$180,000 al año por legislador, frente a apenas RD$15,400 que el Estado invierte en salud pública por ciudadano. Gozan además de pensiones privilegiadas, vehículos oficiales con combustible incluido, exoneraciones de automóviles, telefonía ilimitada y viáticos. Mientras tanto, el salario mínimo ronda los RD$21,000. La brecha es obscena: un senador gana en un mes lo que 15 trabajadores dominicanos en un año.