POR RAFAEL RAMIREZ MEDINA
Cuando los órganos de control no actúan oportunamente, colocan a la máxima autoridad del Estado en una posición de vulnerabilidad política e institucional, asumiendo el presidente de la Republica costos políticos por fallas que debieron ser prevenidas.
El caso de corrupción que ha sacudido a SENASA no puede seguir analizándose de manera reducida, limitada a los autores materiales del fraude. Cuando un hecho de esta magnitud ocurre dentro de una institución pública, el problema trasciende a los individuos involucrados. Lo verdaderamente grave es que un entramado completo de controles, supervisión y fiscalización falló o decidió no actuar. Mientras el debate público se concentre solo en los ejecutores, el sistema que permitió el fraude permanecerá intacto. Y eso garantiza su repetición.
La corrupción no prospera en el vacío. Se alimenta de debilidades estructurales, de controles formales que existen solo en papel y de organismos que, por acción u omisión, no cumplen su rol. El Estado dominicano cuenta con múltiples instancias creadas precisamente para prevenir estos hechos. Si ninguna dio la alerta a tiempo, la pregunta correcta no es solo quién robó, sino quién no vigiló. Ignorar esa parte del problema es aceptar la impunidad sistémica.
La Contraloría General de la República, como órgano de control interno, tiene la obligación de fiscalizar la legalidad del gasto público. Su función incluye verificar contratos, facturas, certificaciones de recepción de bienes y servicios y cumplimiento de los procedimientos administrativos. Un esquema fraudulento sostenido en el tiempo implica fallas graves en el control previo y concurrente. Si los expedientes pasaron sin objeción, el sistema de control interno fue ineficaz o complaciente.
La Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas tampoco puede quedar al margen del análisis. Procesos repetitivos, proveedores recurrentes, montos fraccionados o licitaciones dirigidas son señales clásicas de riesgo. Cuando estas prácticas no generan observaciones ni auditorías especiales, el sistema pierde su función preventiva. La transparencia no se mide por publicar procesos, sino por detectar y corregir desviaciones. Callar ante patrones irregulares también es una forma de fallar.
La Tesorería Nacional, responsable de ejecutar los pagos del Estado, actúa como un punto crítico de control. Aunque no audita, sí valida que los pagos estén debidamente autorizados y respaldados. Desembolsos reiterados sin alertas, pese a inconsistencias en los expedientes, reflejan una falla en los controles operativos. Ningún fraude de gran escala se materializa sin que el dinero fluya. Y cuando fluye sin cuestionamientos, el sistema se vuelve cómplice pasivo.
El Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Presupuesto debieron monitorear la ejecución presupuestaria de SENASA. Incrementos atípicos en determinadas partidas, desviaciones recurrentes o usos incompatibles con la naturaleza del gasto autorizado debieron encender alarmas. El presupuesto es un instrumento de control, no una formalidad administrativa. Cuando la ejecución se aparta sistemáticamente de lo aprobado y nadie actúa, el control presupuestario pierde credibilidad.