Tenía 14 años, ninguna figura paterna cerca, y un arma en la mano. La madrugada del 7 de junio caminó por las calles de Bogotá hasta encontrarse con el senador Miguel Uribe Turbay. Lo atacó por la espalda y le disparó en la cabeza. Ese adolescente, sin condena aún pero sí detenido, era huérfano de madre y vivía con una tía materna. Su padre, dicen las autoridades, está en Polonia, según recoge el diario El Colombiano.
Enfrenta una posible sanción máxima de ocho años en un centro de atención para menores infractores, no como castigo penal, sino como proceso de «restablecimiento de derechos», según establece la Ley 1098 del Código de Infancia y Adolescencia de Colombia. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, fue clara: «Se trata de una sanción educativa y reparadora, no de una condena convencional».
«La sanción eventualmente a la que estaría sujeto es una sanción hasta de ocho años que no es propiamente de prisión, sino es una sanción que bajo los alineamientos de la Ley 1098 es una sanción que es educativa, reparadora y que tiene por fin restablecer los derechos de ese menor en el entendido de que el legislador ha dispuesto que a él se le proteja antes que se le sancione», dijo la fiscal, según cita el diario El Colombiano. «Sin embargo, esto también sucede en unos sitios, en unos centros especiales que son dispuestos para menores infractores», agregó.
La orfandad como punto de partida
La historia del joven que disparó contra un precandidato presidencial empieza antes del atentado. Su madre murió a los 23 años, y su crianza fue asumida por una tía en la localidad de Engativá. Un informe del Gobierno lo describe como un adolescente «conflictivo», incapaz de establecer vínculos. Fue identificado por programas sociales del Distrito días antes del ataque, pero rechazó el acompañamiento.
También pasó fugazmente por el programa nacional «Jóvenes en Paz», iniciativa del Gobierno de Gustavo Petro. Estuvo inscrito dos meses, no asistió a ninguna actividad y se retiró sin completar el proceso.