SAN JUAN.- «Nos vamos a volver locos con este encierro», expresa Celia* con desesperación desde su casa en Barrio Obrero, un sector de San Juan, la capital de Puerto Rico, que se distingue por ser uno de los epicentros de la comunidad dominicana en la isla.
La mujer llegó a esta zona hace cuatro años luego de cruzar de forma irregular el peligroso Canal de la Mona en una embarcación desde República Dominicana.
Dice que lo hizo por amor, luego de que su expareja y padre de su hija le invitó a mudarse.
Pese a lo complicado y riesgoso de su decisión, al llegar vio que de cierta manera rindió frutos. Encontró un trabajo como mesera en un restaurante, comenzó a ganar en dólares y estableció un hogar en un vecindario en donde gran parte de los residentes conocen de cerca la experiencia de migrar.
Pero desde enero, la vida de Celia, de 33 años, ha dado un giro.
Puerto Rico, un territorio estadounidense sin poderes soberanos desde hace más de un siglo, no está exento de las duras políticas antimigratorias impuestas por el gobierno de Donald Trump.
Allí también avanzan las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE), que hasta el miércoles había detenido a 528 migrantes irregulares, de los que 392 tenían nacionalidad dominicana.
En donde antes era política pública entregar licencias de conducir y permitir abrir cuentas de banco a las personas que no tenían documentos de residencia, ahora se respira miedo. El gobierno local, incluso, confirmó que comparte información con las autoridades sobre los conductores que no tienen estatus migratorio legal.
Y esa realidad ha tocado de cerca a Barrio Obrero y sus locales.
Hasta el miércoles, ICE había detenido a 528 personas en Puerto Rico, de las cuales 392 son de nacionalidad dominicana.
«Yo salía del trabajo y me sentaba a despejar la mente en la plaza, a tomar la brisa. Ahora allí no hay casi nadie. Voy con miedo al restaurante y del restaurante a la casa. Por suerte, mi jefe me viene a buscar en su auto y me regresa en las tardes, porque si no, no me atrevería a salir», sostiene Celia.
No solo se preocupa por sí misma, su hija, que nació en enero, le cruza el pensamiento sin parar. Luego de la primera redada en el barrio, ocurrida el 26 de ese mismo mes, cuando ICE llegó al lugar con armas y vehículos blindados, Celia decidió enviarla a su país.
«El papá -de quien ya no soy pareja- y yo firmamos un poder para enviarla con una amiga a República Dominicana. La niña está ahora con su abuela y mi hermana. Como ella es ciudadana estadounidense, porque nació aquí, yo tenía temor de que las autoridades me arrestaran, y me regresaran a mi país, y se quedaran con ella», cuenta.