España encendió las alarmas en el sector del turismo digital, ayer lunes, al anunciar que ordenó el bloqueo de más de 65,000 anuncios ilegales de viviendas turísticas en Airbnb.
La medida, sin precedentes en ese país, responde a una creciente preocupación por la «turistificación» de barrios residenciales, el aumento del precio de la vivienda y la proliferación de alojamientos sin regulación.
Esta decisión tiene ecos que resuenan con fuerza en República Dominicana, un país que se ha convertido en un paraíso sin reglas para plataformas como Airbnb, que operan sin pagar impuestos ni cumplir con requisitos mínimos.
La ofensiva del gobierno español contra los alquileres ilegales forma parte de una estrategia más amplia para proteger el derecho a la vivienda y controlar el turismo masivo.
España es el segundo país más visitado del mundo, solo detrás de Francia, y enfrenta desde hace años los efectos del auge de plataformas digitales en ciudades como Barcelona, Madrid y Valencia.